Gobierno Nacional propone aumento del 20% en el costo de la energía eléctrica para sectores económicos clave
El Gobierno Nacional publicó este lunes un borrador de decreto que propone un aumento del 20% sobre el costo de la energía eléctrica en diversas actividades económicas, con el objetivo de recaudar cerca de 1,2 billones de pesos. Según la administración, estos recursos serán destinados a garantizar la sostenibilidad del sistema eléctrico nacional y a cubrir obligaciones fiscales pendientes.
Detalles de la propuesta
El proyecto, elaborado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, plantea aplicar una sobretasa o contribución especial a los sujetos obligados definidos en el artículo 211 del Estatuto Tributario —modificado por la Ley 1430 de 2010—, que incluyen a usuarios industriales, hogares de estratos 5 y 6, y usuarios comerciales. Esta medida impactaría directamente a sectores productivos y a una parte de la población que actualmente consume energía a tarifas diferenciadas.
Además, el borrador establece que los usuarios industriales que hoy cuentan con exoneraciones deberán cumplir con nuevos requisitos para mantener esos beneficios, una medida que podría afectar a varias empresas del país.
Objetivos y controversias
El Gobierno argumenta que el incremento busca fortalecer la financiación del sistema eléctrico, garantizando su operación sostenible y el cumplimiento de compromisos fiscales que han generado presión sobre las finanzas públicas.
No obstante, la medida ha generado preocupación entre sectores industriales y comerciales, que temen un aumento en sus costos operativos, así como en usuarios residenciales de altos ingresos, que también verían incrementadas sus tarifas. Algunos expertos han señalado que un aumento en el costo de la energía podría trasladarse a los precios finales de productos y servicios, afectando la inflación y el bolsillo de los consumidores.
Próximos pasos
El borrador será sometido a un proceso de consulta pública para recibir comentarios y observaciones por parte de la ciudadanía, empresas y organizaciones interesadas. Este diálogo permitirá ajustar la propuesta antes de que se expida el decreto definitivo.
Las autoridades han abierto canales para que la opinión pública participe activamente en la discusión, mientras que analistas y representantes gremiales ya se preparan para plantear sus argumentos durante este periodo.
