Gobierno de Abelardo De La Espriella ordena traslado de 103 internos de La Paz de Itagüí y endurece su estrategia contra el crimen organizado
MEDELLÍN, ANTIOQUIA. Una de las primeras decisiones adoptadas por el Gobierno de Abelardo De La Espriella en materia de seguridad penitenciaria marca un cambio de rumbo frente al manejo de las estructuras criminales que operan en Colombia. Un total de 103 internos de la cárcel La Paz de Itagüí fueron trasladados hacia establecimientos penitenciarios de alta seguridad ubicados en diferentes regiones del país, entre ellos Bogotá, Palmira, Girón, Valledupar, La Dorada y El Barne.
La operación incluye a reconocidos cabecillas de organizaciones criminales, entre ellos alias Carlos Pesebre, Douglas y El Indio, cuyos nombres han estado relacionados durante años con estructuras delincuenciales y con las dinámicas de violencia y control territorial en Medellín y otras zonas del país.
La decisión se produce pocos días después de que De La Espriella asumiera la Presidencia y anunciara una política de seguridad caracterizada por una postura mucho más estricta frente a las organizaciones criminales.
Traslado de cabecillas a cárceles de alta seguridad
El traslado de los 103 internos representa una de las primeras acciones visibles del nuevo Gobierno dentro de su estrategia para recuperar el control sobre los establecimientos penitenciarios y evitar que los centros carcelarios continúen funcionando como lugares desde los cuales algunas estructuras criminales puedan mantener comunicación y ejercer influencia sobre actividades ilegales en el exterior.
Los internos fueron distribuidos en diferentes establecimientos penitenciarios del país, una medida que busca dificultar la concentración de integrantes de una misma estructura criminal y reducir las posibilidades de que los principales cabecillas mantengan contacto permanente entre ellos.
Entre los trasladados se encuentran personas que han tenido un papel relevante dentro de organizaciones criminales con presencia en Antioquia y otras regiones.
La medida también representa un mensaje político frente a la administración de las cárceles: el nuevo Gobierno pretende reforzar los controles y limitar cualquier tipo de privilegio que permita a los internos conservar capacidad de mando desde los centros penitenciarios.
La Paz de Itagüí, nuevamente en el centro de la discusión
La cárcel La Paz de Itagüí ha estado durante los últimos años en medio de una fuerte controversia nacional debido a diferentes denuncias relacionadas con las condiciones de reclusión y el presunto manejo privilegiado de algunos internos.
El establecimiento adquirió especial relevancia durante los procesos de diálogo con estructuras criminales desarrollados durante el Gobierno de Gustavo Petro, particularmente dentro de la denominada paz urbana, iniciativa que buscaba establecer canales de diálogo con organizaciones delincuenciales con presencia en Medellín y el Valle de Aburrá.
Varios de los internos que ahora fueron trasladados habían tenido algún tipo de relación con ese proceso.
Para el nuevo Gobierno, sin embargo, la estrategia de diálogo con estas organizaciones parece haber llegado a un punto diferente.
El polémico episodio de la fiesta vallenata
Uno de los episodios que más cuestionamientos generó alrededor de la cárcel de Itagüí fue la realización de una fiesta vallenata no autorizada dentro del establecimiento penitenciario.
El evento provocó una fuerte reacción pública debido a las condiciones en las que habría sido organizado y a la presencia de personas que no deberían haber tenido acceso a determinados espacios del centro carcelario.
El escándalo terminó generando investigaciones y medidas administrativas, además de abrir nuevamente el debate sobre los controles existentes dentro de las cárceles colombianas.
Para diferentes sectores políticos, el episodio se convirtió en un símbolo de las presuntas fallas en el control penitenciario y de la necesidad de establecer una política mucho más rigurosa frente a los internos considerados de alto perfil.
El papel de Isabel Zuleta
En medio de las controversias relacionadas con la llamada paz urbana y los hechos ocurridos en el establecimiento penitenciario, también apareció el nombre de la senadora Isabel Zuleta, quien tuvo participación en el proceso de diálogo con organizaciones criminales.
Posteriormente, su nombre quedó relacionado con indagaciones vinculadas a las irregularidades que fueron objeto de investigación alrededor de la cárcel.
Es importante precisar que una indagación o investigación no equivale a una condena y que cualquier responsabilidad individual debe ser determinada por las autoridades competentes mediante el debido proceso.
La controversia política alrededor de estos episodios, sin embargo, ha servido para alimentar el debate sobre los límites y resultados de las estrategias de diálogo con organizaciones criminales.
«El diálogo está completamente agotado»
Durante su posesión presidencial, Abelardo De La Espriella dejó clara su posición frente a las organizaciones criminales.
El mandatario aseguró que el diálogo con este tipo de estructuras está «completamente agotado» y anunció que su administración implementará una política de seguridad mucho más estricta.
La declaración marca una diferencia significativa frente a la estrategia que durante el Gobierno anterior buscó establecer negociaciones o acercamientos con diferentes grupos armados y estructuras delincuenciales.
El nuevo Ejecutivo plantea ahora una política centrada en fortalecer la autoridad del Estado, recuperar el control territorial y aumentar la presión contra quienes continúen vinculados a actividades criminales.
¿Un cambio de estrategia?
El traslado de los 103 internos puede interpretarse como una primera señal concreta de ese cambio.
Separar a los principales cabecillas y enviarlos a establecimientos de máxima seguridad podría dificultar la coordinación de actividades criminales desde las cárceles, aunque el verdadero impacto de la medida dependerá de la capacidad del sistema penitenciario para mantener controles estrictos y evitar que los internos continúen utilizando mecanismos de comunicación clandestinos.
El desafío es particularmente complejo porque las organizaciones criminales colombianas han demostrado durante años una gran capacidad de adaptación.
El control de los centros penitenciarios constituye, por ello, una pieza fundamental de cualquier estrategia integral contra el crimen organizado.
El reto no termina con los traslados
Aunque el traslado de internos puede generar un impacto inmediato, expertos en seguridad han señalado históricamente que combatir las estructuras criminales requiere mucho más que modificar la ubicación de sus principales cabecillas.
El Gobierno tendrá que enfrentar problemas relacionados con la extorsión, el narcotráfico, el lavado de activos, el control territorial, la corrupción, el reclutamiento de jóvenes y la capacidad de las organizaciones para reemplazar rápidamente a los líderes capturados o encarcelados.
También será determinante fortalecer los mecanismos de inteligencia penitenciaria y garantizar que los establecimientos de máxima seguridad cuenten con los recursos humanos y tecnológicos necesarios.
De lo contrario, existe el riesgo de que las estructuras simplemente modifiquen sus métodos de operación.
Una señal para las organizaciones criminales
La decisión también tiene un fuerte componente simbólico.
Al trasladar a más de un centenar de internos y sacar de Itagüí a reconocidos cabecillas, el Gobierno busca enviar un mensaje directo a las organizaciones criminales: las cárceles dejarán de ser consideradas espacios desde los cuales puedan conservar influencia sobre sus estructuras.
La nueva administración pretende que los centros penitenciarios funcionen bajo controles estrictos y que quienes estén privados de la libertad pierdan cualquier capacidad para ordenar actividades criminales desde el interior.
Para las autoridades, recuperar ese control es indispensable para combatir efectivamente al crimen organizado.
Un nuevo capítulo para la seguridad en Colombia
La operación en Itagüí podría convertirse en uno de los primeros grandes indicadores del rumbo que tomará la política de seguridad durante el Gobierno de Abelardo De La Espriella.
El presidente ha planteado una ruptura con la estrategia de diálogo que caracterizó buena parte de la política de paz urbana de la administración anterior y ha anunciado una postura de mayor firmeza frente a las organizaciones criminales.
Ahora deberá demostrar que esa política puede traducirse en resultados concretos: reducción de homicidios, disminución de extorsiones, desarticulación de estructuras, recuperación de territorios y fortalecimiento del control estatal.
El traslado de los 103 internos es apenas el comienzo. La verdadera prueba estará en determinar si estas medidas consiguen debilitar de manera efectiva a las organizaciones criminales o si, por el contrario, estas encuentran nuevas formas de reorganizarse y mantener su capacidad de acción.
Colombia entra así en una nueva etapa de su política de seguridad, con una pregunta que comienza a tomar fuerza: ¿será este el inicio de una estrategia capaz de recuperar el control del Estado sobre las estructuras criminales que durante años han logrado mantener influencia incluso desde las cárceles?
